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El Grupo Parlamentario del PR presentó ayer una proposición no de Ley que insta al Gobierno riojano a solicitar al Ejecutivo central la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que se considere el domicilio fiscal de la empresa objeto de la adjudicación. El secretario general del PR, Miguel Gómez Ijalba, y el diputado José Toledo formularon esta iniciativa al hilo de la reciente adjudicación, por parte del Ministerio de Fomento, de la primera fase del soterramiento de Logroño a la empresa Sacyr por 138,4 millones. Gómez Ijalba explicó cómo su grupo entiende que el domicilio fiscal de la empresa adjudicataria debería tenerse en cuenta entre los criterios subjetivos de valoración a la hora de decidir en igualdad de méritos técnicos y económicos cualquier adjudicación de obra pública. Fuente: larioja.es
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